A 15 meses de la publicación del nuevo Reglamento de cannabis, ninguna asociación ha logrado obtener la Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo. El Reglamento excluye al cultivo doméstico, practicado por la mayoría de asociaciones sin fines de lucro, y abre las puertas a empresas farmacéuticas que ya tienen sus propias reglas.
La Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, que produce exclusivamente para sus asociados y está debidamente inscrita en Registros Públicos, eleva su voz de alerta ante la situación crítica que enfrentan los pacientes y cultivadores de cannabis para uso medicinal en Perú debido a la ineficacia y complejidad del Reglamento vigente. En cartas enviadas al Ministerio de Salud (Minsa), la Asociación ha venido detallando las numerosas barreras burocráticas que han impedido la formalización de los cultivos nacionales.
A 15 meses de la publicación del nuevo Reglamento (Decreto Supremo N° 004-2023-SA), ninguna asociación ha logrado obtener la Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA). Esta demora mantiene al 72% de pacientes registrados en el RENPUC (Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis) en situación de vulnerabilidad, ya que dependen de cultivadores que arriesgan su libertad por darles productos de cannabis. Hasta noviembre del 2023, había más de 45,100 pacientes registrados en el RENPUC. Se estima que el total de pacientes de cannabis en el país supera los 150,000.
Esta crítica situación tiene su explicación: con las reglas actuales, las asociaciones civiles no pueden obtener la LPA, ya que los requisitos impuestos obligan a contar con un respaldo económico propio de una empresa y ajeno a la de una organización sin fines de lucro. Aparte de los pagos para abogados, trámites notariales, Registros Públicos, SUNAT y análisis de control de calidad en el extranjero, las asociaciones tendrían que gastar en mudanzas, alquileres o construcciones debido al requisito de licencia municipal exigido por el Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar el certificado de seguridad emitido por la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro).
Para obtener este certificado, el Mininter pide que las asociaciones de pacientes implementen medidas de tipo empresarial como instalación de códigos de acceso, construcción de cercas perimetrales y mallas protectoras de división interna con barreras físicas construidas con materiales que aseguren la integridad de las instalaciones, implementación de iluminación que garantice protección y visualización total del perímetro, instalación de cámaras de vigilancia y contratación de personal de seguridad capacitado que operen permanentemente y hagan inspecciones diarias, mantenimiento de almacenes o depósitos con adecuada ventilación e iluminación.
En los intentos por cumplir las reglas impuestas por el Estado, las asociaciones hemos visitado las municipalidades para obtener la licencia con un giro de negocio relacionado a la actividad de cultivo de plantas medicinales. Las municipalidades han mostrado un desconocimiento generalizado de la normativa cannábica, como ha ocurrido en los distritos de Barranco y Lince; han negado licencias por motivos de zonificación, como en Lurín y San Miguel; y han demandado requisitos incompatibles a las actividades de producción artesanal y cultivo asociativo, como en las provincias de Cañete, Huara y Trujillo.
Todos estos obstáculos que hemos encontrado las asociaciones han sido expuestos detalladamente y de manera oportuna al Minsa y Mininter. Por ello, solicitamos una reevaluación del Reglamento para hacerlo aplicable y efectivo. A pesar de la evidencia de que es inaplicable y se esta yendo en contra del objetivo de la ley, la dirección política del Minsa mantiene su posición de no modificar el Reglamento, como lo manifestó en una reunión el pasado 28 de febrero, a la que no fueron invitados ningún representante de pacientes y cultivadores.
Debemos resaltar que con las barreras burocráticas del Reglamento se impide la formalización de las asociaciones y de los cultivos nacionales, ya que estas organizaciones son las únicas que elaboran y dispensan productos de cannabis 100% peruanos. Actualmente, en el mercado legal de cannabis solo se encuentran productos farmacéuticos importados.
Advertimos también que con esta forma de regular se está abriendo las puertas para que empresas farmacéuticas, que sí cuentan con capital para construir o alquilar un local industrial, se disfracen de asociaciones y obtengan licencias de cultivo asociativo. Al respecto, recordamos que este sector ya tiene sus propias reglas por la Ley 30681 (2017), que le dio la excluvisidad de las licencias de cultivo y producción, monopolio legal que se mantiene hasta la actualidad.
Cabe resaltar que sin la Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA) todos los cultivadores y productores de cannabis para uso medicinal nacionales quedan expuestos a la aplicación del Código Penal. Quedan expuestos a la criminalización y a la extorsión, como ya ha ocurrido con el presidente de la Asociación Ámbar, el cultivador y activista Luis Gavancho, quien denunció a policías por abuso de autoridad. Algo similar ha ocurrido recientemente con una asociación de pacientes de Trujillo, cuyo cultivador recibió un mensaje debajo de su puerta con la indicación de que "arregle" económicamente por tener un cultivo doméstico de cannabis (del cual mostraron fotos impresas) o tendría que enfrentar a "colegas", que serían policías.
La Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar reitera su llamado urgente a las autoridades del Minsa y el Mininter para que revisen y modifiquen el Reglamento, garantizando un acceso seguro, informado y económico al cannabis medicinal para todos los pacientes. La situación actual no solo afecta la salud de miles de peruanos, sino que perpetúa la criminalización de aquellos que buscan alternativas terapéuticas legítimas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tiene pendiente aprobar una norma específica sobre producción y comercialización de semillas de cannabis.
Anteriormente, el congresista Edward Málaga Trillo ha enviado oficios reportando las observaciones de las asociaciones y ha participado en reuniones con representantes del Minsa y Mininter, pero la posición del Ejecutivo sigue siendo la misma.
Carta enviada al congresista Edward Málaga:
Última carta enviada al Minsa:
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