Más de 45,000 pacientes con diversas enfermedades crónicas se encuentran expuestos a productos ilegales de origen desconocido. Ante la negativa del Ministerio de Salud de modificar el nuevo y retrógrado Reglamento, la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar llama a la acción para vencer las barreras burocráticas que vienen impidiendo la formalización de los cultivos nacionales de cannabis para uso medicinal y terapéutico.
¿Solo productos importados o ilegales? Parece que eso es lo que el Estado peruano propone para los más de 45,000 pacientes usuarios de cannabis registrados. Al igual que en otros sectores económicos, el mercado cannábico peruano está siendo afectado por el Gobierno que solo facilita la importación y dificulta la formalización de los productos nacionales.
Mientras las empresas farmacéuticas importan y comercializan cannabis con receta médica de manera limitada; en las calles, mercados y ferias municipales, diversas empresas y falsas asociaciones sin licencia de cultivo venden libremente cannabis sin ningún tipo de control. Esta situación permite que los productos sean vendidos a cualquiera, sin pedir documento de identidad o registro en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC), aprovechándose de las necesidades de pacientes con enfermedades crónicas o de usuarios entusiastas de la planta.
Por otro lado, las asociaciones de pacientes y cultivadores que buscan formalizarse deben lidiar con un camino burocrático complejo que desanima a la mayoría: inscripción en el RENPUC, firma en el padrón de socios, llenado de formularios médicos, consulta médica, dispensación del producto medicinal y renovación de recetas que solo tienen vigencia de 30 días. Pero lo más preocupante es el resto del proceso necesario para que las asociaciones sean totalmente formales.
Estas asociaciones ya han pasado por diversas entidades privadas y estatales como notarías, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y entidades bancarias y financieras. Además, compiten con las empresas farmacéuticas por profesionales de la salud especializados o conocedores de cannabis, que son escasos en Perú debido a la falta de educación en pregrado.
Adicionalmente, las asociaciones cannábicas que desean formalizarse deben superar análisis de control de calidad en laboratorios no disponibles en Perú y obtener una licencia de funcionamiento municipal, requisito que dificulta su formalización. La Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, junto a otras organizaciones, ya se ha reunido con funcionarios de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) del Ministerio del Interior (Mininter). En dichas reuniones, se ha informado sobre la falta de conocimiento de las municipalidades sobre la regulación cannábica y la ausencia de un giro de negocio compatible con la actividad de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo, reconocida por la Ley 31312.
Si bien rescatamos la disposición de la DIGEMID y la DIRANDRO, por más disposición que tengan los funcionarios, están limitados por el Reglamento vigente y las decisiones tomadas por los políticos. A finales de febrero, el Ministerio de Salud conversó con representantes del Congreso y profesionales de la salud, en una reunión en la que no participaron las asociaciones de pacientes. En esa reunión, el Minsa ratificó su negativa a modificar el cuestionado y conservador Reglamento. En respuesta a esta situación, la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar está trabajando en colaboración con otras asociaciones interesadas en la formalización para crear una federación de asociaciones cannábicas. El objetivo principal es facilitar la formalización de los cultivos nacionales de cannabis, amparados por dos leyes que reconocen las propiedades medicinales y terapéuticas de esta planta. Al lograrlo, se espera disminuir los efectos de la criminalización que todavía enfrentan los usuarios y cultivadores.
En un contexto difícil para la comunidad cannábica peruana, invitamos a todos los usuarios y usuarias de la planta a informarse sobre la normativa vigente y no ser cómplices de la corrupción policial y de un Estado ultraconservador e hipócrita que perpetúa la informalidad e ilegalidad para intereses particulares y criminales. Un mercado regulado beneficia a todos los actores del sector: cultivadores y productores podrán trabajar sin poner en riesgo sus libertades y los usuarios podrán acceder a productos de calidad a precios justos.
Los invitamos a participar en la Marcha Mundial de la Marihuana este sábado 4 de mayo a las 13:00 horas en la Plaza Washington en Lima.
Comments